El Gobierno de Javier Milei enfrenta una denuncia por la concesión de créditos millonarios de la banca pública a al menos 22 funcionarios y legisladores del oficialismo, operaciones que habrían sido aprobadas entre 2024 y 2025 y que ya motivaron presentaciones judiciales y pedidos de informes al Ejecutivo. La gravedad del caso radica en que se trata de préstamos con condiciones preferenciales otorgados desde una institución estatal en un contexto político que prometía reducir el rol del Estado en el sistema financiero.
Para entender la denuncia alcanza con dos datos: los préstamos investigados fueron otorgados por el Banco de la Nación Argentina y los montos involucrados van desde aproximadamente 100 millones hasta 527 millones de pesos por beneficiario, con plazos de hasta 30 años y una tasa nominal del 4,5% ajustable por inflación. Esos parámetros contrastan con la retórica de desmantelamiento de la banca pública que caracterizó parte del discurso del Gobierno.
El escándalo llega además en un momento de alta sensibilidad política: el Ejecutivo ya sufrió erosión de imagen por la situación económica y cualquier señal de trato privilegiado a cercanos complica la narrativa oficial. Las denuncias fueron presentadas por legisladores opositores y, según las presentaciones, buscan determinar si hubo irregularidades en la adjudicación y compatibilidad patrimonial de los beneficiarios.
Quiénes recibieron los créditos y cuánto reclaman los denunciantes
Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, entre los beneficiarios figuran funcionarios próximos a la gestión económica: Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía (con una deuda señalada de 373 millones de pesos); Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con 510 millones. Otros nombres vinculados a la órbita oficial aparecen entre los listados, incluidos directores, asesores y diputados de La Libertad Avanza.
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La denuncia habla de al menos 22 personas que habrían accedido a créditos hipotecarios o prendarios con montos y condiciones que, según los querellantes, no se corresponderían con su perfil patrimonial. Los expedientes judiciales y los pedidos de informes al Ejecutivo intentan verificar la documentación de las operatorias, los criterios de aprobación y si se respetaron los procesos internos del Banco Nación.
Qué plantean las denuncias y qué delitos se imputan
La presentación judicial, firmada por los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica del Frade (Coalición Cívica), sostiene que las operaciones podrían configurar delitos contra la administración pública y violaciones de deberes de funcionarios. En palabras de la denuncia:
“Los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantean los denunciantes —denuncia presentada por Esteban Paulón y Mónica del Frade, según EL PAÍS.
Los escritos piden que se investigue tanto a las autoridades del Banco Nación que autorizaron los préstamos como a los receptores, por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Por ahora la causa está en etapa de investigación y los tribunales deberán decidir si hay mérito para imputaciones penales.
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Respuesta oficial y disputas sobre la legalidad de las operatorias
El Gobierno respondió de inmediato intentando despejar la sospecha de trato privilegiado. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo que “las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco”, y el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los beneficiarios “no tienen ventaja respecto del resto” y añadió que “no hay nada ilegal ni inmoral”.
Esos planteos oficiales chocan con el eje de las denuncias: la fiscalización de expedientes internos del Banco Nación y la comprobación de si las condiciones aplicadas a esos préstamos fueron efectivamente las mismas que se ofrecen a cualquier cliente con perfil semejante. Además, la dimisión o el despido de algún responsable citado en el expediente, revelado en las últimas horas, complicó la defensa pública del Ejecutivo.
El proceso requerirá ahora respuestas documentales del Banco Nación y del Ejecutivo y la evaluación de los fiscales y jueces que tomen la causa. En lo político, las denuncias añaden presión sobre la coalición oficialista en momentos en que la gestión busca recomponer su legitimidad.
El próximo paso formal será la revisión de la documentación solicitada por los pedidos de informes y la eventual citación de funcionarios y beneficiarios en sede judicial. Si los jueces encuentran indicios suficientes, podrían abrirse imputaciones penales; si no, la causa podría cerrarse por falta de mérito. Mientras tanto, el escándalo coloca al Gobierno de Milei frente a un dilema de credibilidad: demostrar que las operaciones fueron transparentes o afrontar un desgaste político adicional que, en plena recuperación económica incierta, puede tener consecuencias concretas sobre su capacidad de gobernar.
