El 24 de junio de 2026 la Cámara de Diputados convirtió en un paso clave la agenda económica del gobierno: aprobó el acuerdo de renegociación con bonistas que habían quedado fuera de los canjes posteriores al default de 2001 y dio media sanción al denominado "super‑RIGI", un régimen pensado para atraer inversiones de gran escala. La votación, y la manera en que se consiguió el quórum, marcan un punto de inflexión en la estrategia oficial de búsqueda de capitales, al tiempo que reavivan el debate sobre soberanía económica y transparencia.
Para entender lo que se votó: el super‑RIGI es un régimen de incentivos destinado a proyectos de alta escala en sectores considerados “de futuro”, como la inteligencia artificial y la biotecnología avanzada, con un piso mínimo de inversión fijado en US$1.000 millones. En paralelo, Diputados aprobó el acuerdo con bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda; el oficialismo presentó ambos avances como necesarios para normalizar las cuentas y mostrar señales al mercado internacional.
La sesión y la ingeniería política que habilitó las votaciones
La jornada parlamentaria no fue sencilla. El oficialismo tuvo que negociar con bloques dialoguistas y contar con la presencia de representantes vinculados a gobernadores provinciales para alcanzar el quórum. El flamante vocero presidencial Adrián Ravier colaboró para abrir la sesión, renunció a su banca y fue reemplazado por Martín Matzkin, en una maniobra que fue seguida desde los palcos por la ministra de Seguridad.
El respaldo cruzado incluyó a bloques del PRO, sectores de la UCR y legisladores identificados con gobernadores de San Juan, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Neuquén. La votación final del super‑RIGI quedó en 130 a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, un tablero que dejó en claro la fragmentación y el peso de las negociaciones territoriales.
Qué ofrece el super‑RIGI y por qué genera rechazo
Foto: tn.com.ar
El gobierno defendió el régimen como una herramienta para atraer inversiones que, según sus impulsores, crearían empresas en sectores donde hoy no existe producción local y generarían empleo en el largo plazo. La diputada Mercedes Llano resumió ese argumento con una frase que el oficialismo repitió como sello de campaña:
"una clara señal para el mundo" — Mercedes Llano, diputada (TN)
Para los críticos, en cambio, el super‑RIGI concentra beneficios en grandes corporaciones y abre la puerta a concesiones fiscales y regulatorias que no compensarían a las actividades productivas tradicionales. Diputados alineados con el gobernador de Córdoba argumentaron que las retenciones terminarán financiando reducciones impositivas para las empresas favorecidas, y reclamaron políticas complementarias como una nueva ley de biocombustibles y prórrogas para incentivos de autopartes nacionales.
Voces de la oposición pusieron en duda la eficacia del esquema precedente: desde la izquierda Néstor Pitrola sostuvo que "el RIGI no funcionó" y afirmó que "solamente ingresaron 720 millones de dólares" y que el país quedó relegado en términos de inversión extranjera directa, argumentos que usó para descalificar la ampliación del régimen.
Aprobación del acuerdo con bonistas y las advertencias sobre soberanía
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En paralelo, la Cámara aprobó el acuerdo con los bonistas históricos que quedaron fuera de canjes. Para el oficialismo, ese aval es parte de la normalización financiera que busca bajar incertidumbre sobre el perfil de la deuda externa. Para la oposición, sin embargo, la votación implica concesiones que podrían comprometer la transparencia y la autonomía económica del Estado ante acreedores internacionales.
El radical Pablo Juliano fue contundente al cuestionar a quienes dieron su apoyo: acusó que sectores que suelen dialogar con el gobierno "blindaron" al jefe de Gabinete y criticó la definición política detrás de ambas medidas. Esas críticas se ensamblan con el reproche provincial sobre cómo se distribuyen las compensaciones fiscales entre regiones y actividades.
Qué viene ahora y qué implicancias concretas pueden esperarse
La media sanción al super‑RIGI implica que el proyecto deberá transitar el Senado para su sanción definitiva, un trámite que abrirá otra instancia política. En paralelo, la implementación efectiva de las medidas —certificados, incentivos y eventuales exenciones— requerirá reglamentación y supervisión administrativa, donde los gobernadores y sectores productivos intentarán preservar compensaciones y reclamos sectoriales.
En términos prácticos, el avance oficial busca generar una señal de credibilidad hacia potenciales inversores, pero la resistencia parlamentaria y las advertencias públicas sobre impactos fiscales y soberanos señalan que la pelea política no concluyó en Diputados. El dato que medirán todos los actores en los próximos meses será el flujo real de inversiones y si efectivamente se concretan proyectos por arriba del piso de US$1.000 millones.
Lo inmediato: el oficialismo deberá consolidar mayorías en el Senado y mostrar reglamentaciones claras; la oposición prevé seguir la disputa en comisiones y por la vía pública. Para la ciudadanía y los mercados, el desenlace indicará si estas herramientas políticas se traducen en obras, empleo y divisas, o si quedan como promesas con costos fiscales y conflicto político sostenido.
