La publicación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desató en los últimos días una crisis interna que tensó a la coalición libertaria y complicó una agenda legislativa que ya venía empantanada: la oposición articula una interpelación y amenaza con una moción de censura, mientras el oficialismo intenta renegociar apoyos para llegar al recinto el 24 de junio y dar media sanción al Super RIGI y aprobar el pago a los holdouts. El choque llega en un momento clave para el Gobierno y puede definir si logra o no alguna victoria antes de que termine el Mundial y se profundicen fracturas políticas con gobernadores y aliados.
El trasfondo incluye un Congreso con numerosos proyectos estancados: según el propio escenario parlamentario, más de la mitad de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo están demoradas, con un cuello de botella en el Senado. Entre las iniciativas con problemas figuran la eliminación de las PASO, la reforma de Zonas Frías, la ley Hojarasca, la nueva ley de sociedades, iniciativas sobre ludopatía y la reforma del etiquetado frontal; además, el Tratado de Patentes quedó en stand by a la espera de definiciones internacionales.
Reclamos de los aliados y el mensaje del PRO
La irritación dentro de la coalición se manifestó en comunicaciones públicas y trascendidos en off que, según los voceros consultados por los medios, pidieron a Adorni un paso al costado para evitar situaciones comprometedoras en el recinto. El PRO dejó claro su malestar y, pese a que adelantó que no aportará votos para una interpelación, lanzó un duro reclamo al presidente por la gestión del caso. Como expresó el partido en su cuenta oficial:
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“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni” — PRO.
En sintonía, la UCR subrayó la necesidad de ejemplaridad en la función pública y el MID también expresó inquietud. Sin embargo, los aliados muestran división sobre hasta dónde llevar la pulseada: algunos exigen gestos inmediatos para no ser expuestos frente a la opinión pública; otros prefieren encauzar la disputa por canales institucionales antes que precipitar una crisis abierta que ponga en riesgo la gobernabilidad del interbloque.
La estrategia oficialista: sumar votos y ganar tiempo
Ante la presión, el oficialismo activó una doble vía: por un lado, convocó dos plenarios de comisión con la intención de dictaminar el Super RIGI y el pago a los holdouts; por el otro, busca sumar apoyos provinciales para asegurar quórum. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con varios gobernadores que el Gobierno interpreta como señales positivas para conseguir los votos necesarios.
La convocatoria para sesionar el 24 de junio aparece como una fecha bisagra: si el oficialismo logra llevar al recinto el Super RIGI y el acuerdo con deudores, podrá exhibir una victoria legislativa; si no, la pérdida política podría acelerar pedidos de interpelación y alimentar una moción de censura más amplia. En paralelo, fuentes vinculadas a la mesa política informaron que hubo gestos para postergar o desactivar la polémica durante las vacaciones parlamentarias, según los cálculos tácticos del Ejecutivo.
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Riesgos de escalada y escollos parlamentarios
Más allá del enfrentamiento puntual por Adorni, la crisis puso en evidencia los límites del bloque oficialista para empujar su programa: la reforma política, por ejemplo, sigue sin el apoyo del PRO, la UCR y de varios gobernadores; la ley de lobby recibió críticas en la última sesión informativa de asociaciones civiles, sindicatos y cámaras empresarias; y varios proyectos claves ni siquiera comenzaron su debate serio en comisión.
Además, se instaló un criterio claro entre varios aliados: si Adorni llegara a ser procesado por la Justicia, sería muy difícil detener una interpelación. Ese escenario, aún hipotético, alimenta presiones internas y obliga al Gobierno a calibrar cada paso para no perder apoyos en el tramo decisivo de tratamiento de proyectos.
En los próximos días la pulseada se hará más explícita: la oposición continuará su armado para avanzar en la interpelación y el oficialismo, además de trabajar con gobernadores, intentará cerrar acuerdos parciales. La posibilidad concreta de sesionar el 24 de junio marcará el ritmo: si se logra, el Ejecutivo podrá mostrar resultados; si fracasa, la crisis por Adorni puede derivar en un bloqueo más prolongado y en un aumento de la volatilidad política que afectaría la capacidad del Gobierno para aprobar reformas clave.
