El Gobierno envió al Congreso un paquete de reformas de alto impacto —electoral, judicial, sanitaria y de deuda— y busca colocarlas en la agenda pese a las resistencias internas y a un contexto político complicado por el caso judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la movida se produce en un momento en que la economía también muestra señales negativas, lo que convierte cada votación en una prueba de supervivencia política.
El paquete remitido al Senado incluye propuestas que van desde cambios en la ley electoral y en la regulación de la propiedad privada hasta una reforma de la ley de salud mental, modificaciones a la emergencia en discapacidad y varios pliegos judiciales y diplomáticos. En paralelo, el Ejecutivo presentó acuerdos con fondos buitres que implican quitas superiores al 30% y que necesitan aval parlamentario antes de un plazo que la Casa Rosada considera crítico.
Contenido del paquete y prioridades del oficialismo
La reforma electoral, una de las banderas del envío, propone medidas que incluyen el endurecimiento de los requisitos para que los partidos conserven la personería jurídica —al elevar el piso de 2% a 3% del padrón en elecciones consecutivas— y la discusión sobre la continuidad o no de las PASO. En la ley de propiedad privada se buscan cambios en desalojos, expropiaciones e incluso flexibilizaciones que habilitan mayor participación extranjera en tierras.
La reforma electoral, tantas veces postergada, será finalmente tratada en el Congreso de la Nación Argentina.
— Manuel Adorni (@madorni) April 21, 2026
Foto: lanacion.com.ar
Junto con estas iniciativas, el Ejecutivo impulsa la ratificación de acuerdos con los fondos Bainbridge y Attestor, que, según la propuesta, cerrarían litigios con una quita mayor al 30% y evitarían embargos sobre activos públicos. También hay proyectos para agilizar internaciones en casos de riesgo bajo la ley de salud mental y una tanda de pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques.
Resistencias internas y el calendario apretado
El oficialismo enfrenta críticas incluso entre sus aliados. Bloques como Pro, la UCR y fuerzas provinciales cuestionan la eliminación de las PASO, que utilizan para ordenar internas, y varios socios muestran reparos frente a la flexibilización de normas sobre tierras y a la desactivación de la emergencia en discapacidad que ellos mismos habían apoyado el año pasado. La Casa Rosada, según referentes del propio bloque, analiza “dosificar” los envíos para no sobreexponer la agenda.
La estrategia oficial es concentrar los envíos en el Senado, donde creen tener una cancha más favorable, y avanzar primero con los acuerdos de deuda y pliegos menos conflictivos. Pero el calendario juega en contra: si el Congreso no aprueba los convenios con Bainbridge y Attestor antes del 30 de abril, las condiciones negociadas quedarían sin efecto y podrían reabrir litigios en términos menos ventajosos para el Estado.
El caso Adorni y su peso político en Diputados
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por la compra de dos propiedades desde que asumió y por gastos personales, incluidos viajes al exterior y vuelos privados realizados junto a su pareja. Además, debe dar explicaciones en una sesión informativa en Diputados: la exposición se plantea como un momento tenso para el oficialismo y una posible oportunidad de la oposición para sacudir la agenda.
Adorni ya intentó dar explicaciones en una conferencia en la Casa Rosada, pero esa intervención dejó nuevas preguntas abiertas en lugar de cerrarlas. La investigación y la exposición pública del jefe de Gabinete complican la maniobra de “colocar” proyectos sensibles en el Congreso mientras el Ejecutivo necesita mantener disciplina en sus filas.
La presión no es sólo política: el contexto económico añade urgencia. La inflación de marzo fue del 3,4% y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída del 2,6% respecto de enero y del 2,1% interanual, con industria y comercio como principales impulsoras de la baja. Esos datos alimentan la narrativa opositora y recortan márgenes de maniobra para medidas que puedan generar conflictos sociales o resistencia territorial.
En las próximas semanas se espera que el Senado avance en comisiones con la reforma de salud mental y que defina si prioriza o demora las iniciativas más conflictivas. Al mismo tiempo, el debate público y la capacidad del oficialismo para sostener alianzas internas definirán si estos proyectos logran despacho o quedan varados en comisiones, con el riesgo adicional de que el rechazo de aliados obligue a reescribir partes sustantivas de las propuestas.
Lo que viene: la agenda parlamentaria parece destinada a tensar la coalición gobernante y a medir la capacidad de reacción de la oposición. Si el Congreso no aprueba los acuerdos de deuda antes del 30 de abril, el costo económico podría materializarse en la reapertura de litigios. Y la sesión informativa donde Adorni responderá preguntas será, además de un episodio judicial, una prueba política que puede condicionar la aprobación de las reformas más sensibles.
