El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a indagatoria a 29 personas —entre empresarios del rubro médico y funcionarios— en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostienen que se habría puesto dinero público “al servicio de los intereses privados”; las declaraciones se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, y la causa incluye ya procesamientos previos de altos responsables del organismo.
Para quien llega de cero: la investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, se centra en adjudicaciones y compras vinculadas a prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) gestionadas por ANDIS. Los hechos señalados abarcan, según la fiscalía, un período inicial que va de diciembre de 2023 a octubre de 2025 y habrían implicado direccionamiento de concursos, facturación sospechosa y un circuito de retornos entre proveedores y funcionarios.
Quiénes están en la mira y qué se les atribuye
En la lista de citados aparecen, además de empresarios del sector, personas ya procesadas en etapas anteriores: el ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre el organismo y proveedores. El juez Ariel Lijo sostuvo que “la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, en línea con el planteo del MPF.
Foto: mpf.gob.ar
Los fiscales imputan una operatoria compleja: direccionamiento y cartelización en procesos de compulsa de precios, maniobras de facturación apócrifa y un mecanismo de reparto de ganancias que, según la acusación, convirtió a ANDIS en una "ventanilla de pagos indebidos" para determinados proveedores. La pesquisa ya detectó irregularidades en segmentos como amputación, audífonos, cardio e implantes auditivos.
“Otra muestra de que funcionarios/as que debían velar por el interés público, en verdad estaban puestos al servicio de los intereses privados. Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado”, sostuvieron los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Pruebas, comunicaciones y el papel del SIIPFIS
La fiscalía basó su avance en el análisis del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), documentación contable y societaria, comunicaciones extraídas de dispositivos electrónicos y facturación. Entre los elementos que mencionan figuran listados y mensajes entre actores privados y funcionarios con montos “a cobrar” —seguido por referencias internas a los pagos como “ofrendas”— y registros de adjudicaciones manipuladas.
Los investigadores describen patrones repetidos: aunque en las compulsa figuraban múltiples empresas competidoras, la operatoria habría encubierto un entramado de intereses concentrados que garantizaba la manipulación permanente de compras públicas. En el segmento de amputaciones, por ejemplo, se detectaron distorsiones en las facturas que, para la fiscalía, son indicio de transferencias entre integrantes de la presunta red.
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Medidas cautelares y qué sigue en la causa
El juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas, una medida que busca frenar el desprendimiento de activos que podrían haber sido producto o instrumento de posibles delitos y que, por ende, deberían ser recuperados por el Estado si se confirma la acusación. Las indagatorias —citadas tras el pedido del MPF— constituyen el próximo paso formal en la instrucción.
A corto plazo, la agenda procesal está marcada: las declaraciones se extenderán entre el 28 de abril y el 26 de mayo. Si la fiscalía logra sostener las pruebas presentadas, podría avanzar hacia nuevas medidas cautelares, ampliaciones de imputación y pedidos de procesamiento mayores. En paralelo, la causa podría impulsar iniciativas para auditar y reformar mecanismos administrativos en ANDIS y el uso del SIIPFIS.
En el plano político y social, la acusación alimenta un debate sobre el control de compras públicas destinadas a personas con discapacidad y sobre la fiscalización de organismos que administran prestaciones sensibles. Mientras tanto, las imputaciones siguen siendo, por ahora, presuntas: corresponderá a la fase de indagatorias y a la prueba judicial confirmar responsabilidades y posibilitar la recomposición del daño, si se comprueba la existencia de maniobras ilícitas.
