El escándalo judicial que rodea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, desató esta semana una pelea abierta entre los partidos que hasta ahora sostenían al Gobierno: la fractura se hizo visible cuando la defensa pública del presidente llevó a la suspensión de una sesión en el Senado y a negociaciones para frenar una interpelación que la oposición intentó impulsar. Lo que está en juego no es sólo la suerte individual de Adorni —investigado por presunto enriquecimiento ilícito y acusado de ocultar medio millón de dólares al fisco—, sino la gobernabilidad de la coalición oficialista y su capacidad para aprobar la agenda legislativa en el corto plazo.
El caso irrumpió en marzo y fue acumulando pruebas que llevaron a la apertura de una causa por gastos y bienes por encima de los ingresos declarados. Hace quince días, Adorni reconoció haber ocultado al fisco cerca de 500.000 dólares; pese a eso, el presidente reiteró su respaldo público desde Madrid y condicionó cualquier salida a un fallo judicial en su contra. La oposición del peronismo y bloques de centroizquierda intentaron esta semana llevar el tema al recinto mediante pedidos de interpelación y remoción, pero la estrategia del oficialismo —apoyada en parte por sectores del PRO y de la UCR— logró poner paños fríos.
División interna en PRO y UCR por el costo político
Los socios que mantuvieron diálogo con Milei tuvieron reacciones desparejas: en ambos partidos hubo quien prefirió evitar una confrontación en el recinto y quienes reclamaron un gesto para limitar el daño reputacional. La Coalición de Gobierno, La Libertad Avanza (LLA), mantuvo su defensa de Adorni y negociaciones de último minuto con legisladores de PRO y UCR terminaron por impedir el avance inmediato de la interpelación.
"Era montarnos a un _show_ que había armado el kirchnerismo", dijo el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, al explicar la decisión de no dar quórum en Diputados. —Atribución: Cristian Ritondo
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Esa posición oficialista tensó aún más a PRO: varios diputados del espacio actuaron con autonomía pero desde la cúpula surgieron mensajes encontrados. El expresidente Mauricio Macri tomó distancia públicamente y reclamó a Milei que priorice el proyecto de gobierno por sobre la defensa personal de Adorni, con una frase que dejó en claro su incomodidad: “defienda el cambio y no a Adorni”. Ese pedido público suma presión sobre los sectores que hasta ahora prefirieron la negociación táctica por sobre una ruptura abierta.
Maniobras legislativas para contener la crisis
La semana mostró el costo inmediato de la disputa: el Senado debió suspender una sesión convocada por el propio oficialismo para evitar que se aprobara un pedido que habilitara la interpelación. En Diputados, la falta de quórum de aliados y las negociaciones con LLA derivaron en la decisión de trasladar el debate a comisiones y postergarlo hasta la semana próxima, una táctica que calma las aguas a corto plazo pero pospone una resolución política que parece inevitable.
La estrategia oficialista es clara: ganar tiempo, evitar el escándalo público en el recinto y obligar a la oposición a agotar vías administrativas y parlamentarias antes de forzar una crisis. Pero esa táctica tiene un precio: proyectos clave para la gestión quedan demorados y la percepción pública de una coalición que protege a sus cuadros por encima de la transparencia puede profundizar la erosión de su apoyo.
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Riesgos políticos y posibles escenarios judiciales
El principal riesgo para el oficialismo no es sólo legal sino político. Si la investigación avanza y un eventual fallo condenatorio llegara en los próximos meses, la promesa de Milei de apartar a sus ministros “si la justicia lo considera culpable” quedaría en el centro del debate: una salida forzada podría detonar una nueva pelea por los cargos y por la representación de la coalición en el Congreso. Mientras tanto, la posibilidad de que aliados moderados busquen diferenciarse para proteger su propio capital político seguirá generando tensiones internas.
"Manuel [Adorni] es inocente", dijo Milei desde Madrid. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias". —Atribución: Javier Milei
Ese respaldo público, aun condicionado a una sentencia, complica las posibilidades de un arreglo interno que satisfaga a todas las partes: los sectores del PRO y la UCR que priorizan la gobernabilidad deberán medir el costo de seguir sosteniendo a Adorni frente a la opinión pública y a sus propias bases.
En los próximos días está prevista la puesta en marcha de las comisiones que deberán abordar los pedidos de informes y la eventual interpelación. Es ahí, en el terreno técnico y mediático de las audiencias y los informes, donde se jugará la primera instancia de veredicto político: la oposición intentará acumular pruebas y desgaste, mientras el oficialismo buscará neutralizarlas mediante acuerdos y dilaciones. Si la causa judicial acelera, el escenario podría volverse aún más imprevisible, con riesgo real de nuevas fracturas y de un impacto directo en la capacidad del Gobierno para aprobar su plan económico y sus nombramientos en el Congreso.
