El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó al Congreso el 11 de mayo en medio de protestas y preguntas que ya no son solo mediáticas: la Justicia investiga supuestas irregularidades en sus compras inmobiliarias, préstamos privados y viajes familiares de alto gasto, y el caso pone en jaque la promesa de limpieza que trajo Javier Milei al Gobierno. Esto importa porque el episodio desgasta la imagen presidencial y abre un debate sobre transparencia en el manejo de recursos del Ejecutivo.
El escándalo se desató a comienzos de marzo tras la difusión de fotografías vinculadas a un viaje a Nueva York donde apareció la esposa de Adorni en el avión presidencial; aquella imagen volvió a poner bajo la lupa prácticas que, según informes y declaraciones judiciales, incluyen pagos en efectivo sin factura, préstamos entre particulares y contrataciones con empresas cercanas al entorno del funcionario. Desde entonces, varias causas penales y administrativas avanzan en la Fiscalía y en los tribunales, y la atención pública se trasladó rápidamente al círculo más íntimo del poder.
Investigaciones judiciales en curso y datos clave
Según la investigación divulgada por EFE, la primera causa relacionada con el viaje de la esposa de Adorni fue archivada el 24 de abril, pero hay otras pesquisas activas por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Testigos que declararon ante la Fiscalía apuntaron a gastos superiores a 100.000 dólares en un poco más de un año, contraste que preocupa por su disparidad con los ahorros declarados por Adorni —42.500 dólares—. Además, se indaga la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio privado, operaciones que, según la causa, habrían incluido pagos en efectivo y sin facturación.
Préstamos privados, inmuebles y obras en efectivo
Foto: efe.com
Entre las operaciones que examina la Justicia figura la compra en 2025 de un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito por 230.000 dólares, para la cual se habría pedido prestado el 87% del valor a dos jubiladas que eran dueñas del inmueble. También afloró un préstamo de 100.000 dólares gestionado por su escribana y otorgado por dos mujeres policías —una ya retirada—, del que quedaría pendiente más de 70.000 dólares, según la causa. En lo que respecta a reformas, la investigación recoge la declaración de un contratista que asegura haber cobrado 250.000 dólares en efectivo por obras en una vivienda del conurbano, además de otros gastos en mobiliario por 14 millones de pesos.
Vínculos con productoras y empresas bajo la lupa
La Fiscalía también analiza contratos entre organismos estatales y empresas vinculadas a allegados de Adorni. En la mira están relaciones comerciales entre la Televisión Pública —dependiente de la Jefatura de Gabinete— y la productora de Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, así como contratos con la consultora +Be, asociada a su esposa, Bettina Angeletti. Estas imputaciones dieron pie a una investigación por posible tráfico de influencias que todavía está en desarrollo.
«Dar explicaciones es obstruir el trabajo de la justicia».
— Manuel Adorni, en entrevista, según EFE.
Foto: efe.com
Adorni se declaró dispuesto a responder únicamente ante la Justicia y defendió su comportamiento en una entrevista reciente, mientras que en la Cámara de Diputados, el 29 de abril, rechazó que su patrimonio deba ser objeto de debate público. Ese respaldo presencial contó con la presencia de Milei, aunque fuentes citadas por EFE señalan que dentro del gabinete hay tensiones sobre mantener públicamente esa lealtad.
Milei, por su parte, ratificó a Adorni en el cargo y anunció que en los próximos días presentará documentación destinada a desacreditar las acusaciones, según indicó la propia agencia. En la Casa Rosada se limitaron las preguntas de la prensa y el funcionario esquivó consultas en actos oficiales, lo que ha alimentado la percepción de falta de transparencia entre sectores críticos del oficialismo.
Efecto en la opinión pública y consecuencias políticas previsibles
La presión no es solo jurídica: sondeos de Trespuntozero y Alaska consignan un deterioro en la imagen del Gobierno, con 65,3% de valoración negativa y un aumento de la preocupación por la corrupción, señalada como el principal problema por 38,5% de los consultados. Ese deterioro se produce a poco más de un año de la asunción y complica la hoja de ruta de un Ejecutivo que prometió erradicar prácticas clientelares.
La causa seguirá su curso en los tribunales y el Gobierno anunció la presentación de documentación para intentar refutar las imputaciones. Lo que suceda en las próximas semanas —avances judiciales, la divulgación de pruebas o la reacción interna en el gabinete— marcará si el caso queda circunscripto a una crisis de imagen o si desemboca en consecuencias políticas más profundas para el oficialismo.
