El presidente Javier Milei publicó este sábado un respaldo público a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y denuncias por evasión fiscal; el gesto presidencial ocurre en medio de una crisis de imagen que ya atraviesa al Ejecutivo y complica la relación con la Justicia y gran parte de la opinión pública.
Las sospechas sobre Adorni se originaron cuando periodistas y fiscales advirtieron aparentes diferencias entre los gastos registrados en su vida privada y los ingresos declarados como funcionario. En los últimos meses el jefe de ministros rectificó su declaración patrimonial y reconoció haber ocultado activos —según reportes periodísticos, alrededor de medio millón de dólares— y, además, admitió en televisión haber ocultado parte de su patrimonio al fisco, declaraciones que avivaron la investigación y el rechazo social.
Compras, reformas y el punto de quiebre
En la primera mitad del mandato, con un salario estatal modesto, Adorni adquirió dos propiedades y realizó reformas cuantiosas en una de ellas por un monto difundido en la prensa de aproximadamente 245.000 dólares; también se publicaron gastos en viajes y en amoblamiento que alimentaron dudas sobre el origen de esos fondos. Una factura reciente por la compra de somieres y sábanas fue tomada por la opinión pública como un nuevo símbolo del desajuste entre su patrimonio y sus ingresos declarados.
Esos movimientos patrimoniales, sumados a la rectificación en el Congreso y a la confesión pública sobre dinero no declarado, fueron el eje de la apertura de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y las denuncias por evasión fiscal que siguen su curso en los tribunales. La acumulación de pruebas documentales y las contradicciones en el discurso público de Adorni explican por qué la investigación escaló con rapidez.
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Respaldo de Palacio y grietas internas
A pesar del escándalo, Milei mantuvo a Adorni como jefe de Gabinete y lo llevó al acto por el Día de la Bandera en Rosario, una señal pública de confianza que choca con la creciente presión política. El presidente indicó que confía en su funcionario y, aunque lo reemplazó en la vocería oficial, no lo apartó del puesto central de la administración.
El respaldo presidencial, sin embargo, no apaciguó las críticas dentro del propio espacio de gobierno. Miembros de La Libertad Avanza, según fuentes consultadas, admiten que el caso les está provocando un costo político importante: “Nos está costando carísimo”, dijeron distintos integrantes del espacio en off, remarcando la incomodidad interna ante un escándalo que contradice el discurso anticasta del oficialismo.
Choque con la vicepresidencia y el desafío de la legitimidad
La vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada con Milei, fue una de las pocas figuras del Ejecutivo que opinó en público contra Adorni tras el acto y lo responsabilizó por una ruptura con valores que, a su juicio, deberían preservar. En concreto dijo a La Nación:
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“No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”. —Victoria Villarruel, vicepresidenta, a La Nación
Esa declaración pública expone la existencia de fracturas dentro del gobierno y deja en evidencia que el apoyo de la familia Milei —y en particular de Karina Milei, cercana a Adorni— no alcanza para aplacar las críticas externas ni las dudas internas.
Qué sigue: presión política y el devenir judicial
La causa judicial continúa su trámite y la ofensiva del Ejecutivo en defensa de Adorni promete tensionar aún más la relación entre el Gobierno y los magistrados que investigan. Las encuestas difundidas esta semana dan cuenta del impacto reputacional: apenas un 13% sostiene una imagen favorable del jefe de Gabinete, y una mayoría significativa considera que debería dar un paso al costado.
En lo político, la decisión de Milei de sostener a Adorni obligará al oficialismo a administrar el desgaste en las próximas semanas, cuando el caso atraiga nuevas consultas del Congreso, pedidos de explicaciones públicas y, eventualmente, medidas judiciales que podrían ampliarse. Para el Gobierno, lo que viene será una prueba de supervivencia: mantener el apoyo dentro de su propia coalición sin sacrificar la ya frágil legitimidad ante los votantes.
