El Presidente Javier Milei ordenó esta semana que se retire del Senado el pliego de una candidata a jueza federal por su parentesco con un periodista que investiga presuntas irregularidades en el Gobierno, una decisión que, según EL PAÍS, se tomó el martes y elevó la tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y sectores del propio oficialismo. La medida afecta a María Verónica Michelli, una abogada de amplia trayectoria, y abre un debate sobre los criterios para los nombramientos y la posible interferencia política en la justicia.
Michelli, secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata con 32 años de carrera en los tribunales, había sido propuesta como jueza federal en el marco del plan del Gobierno para renovar la planta de magistrados: el Ejecutivo impulsa alrededor de 80 nombramientos de jueces, fiscales y defensores este año. El vínculo que motivó el veto es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre la estafa con la criptomoneda Libra y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según la nota de EL PAÍS.
Por qué el Ejecutivo retiró el pliego
La Casa Rosada sostiene que el retiro responde a un “error” administrativo: el parentesco no habría sido advertido antes de enviar el pliego al Senado, y desde la Presidencia se reclamó responsabilidad al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, que lleva tres meses en el cargo. La decisión de retirar una postulación ya en tratamiento parlamentario es inusual y, por eso, desató objeciones formales.
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Reacciones políticas y profesionales críticas
La medida provocó réplicas inmediatas en la política y en los colegios profesionales. Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, publicó su rechazo invocando su “derecho a la objeción de conciencia”, y agrupaciones como Será Justicia y los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires denunciaron una conducta improcedente del Poder Ejecutivo y mostraron "suma preocupación" por el criterio utilizado para vetar el nombramiento.
"No odiamos lo suficiente a los periodistas", suele repetir el presidente Javier Milei, según EL PAÍS. (EL PAÍS)
Además, expertos en derecho que participaron del debate público señalaron que, al momento del retiro, el pliego ya estaba bajo tratamiento del Senado y que, en términos de trámite legislativo, los senadores podrían ignorar la decisión del Ejecutivo. Por su parte, y según la misma crónica, un fiscal solicitó que el hecho sea investigado como presunta discriminación; fuentes citadas por EL PAÍS identifican al fiscal federal Guillermo Marijuan como quien admitió la denuncia.
Implicancias para la independencia judicial y la agenda de nombramientos
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El veto por parentesco con un periodista introduce un nuevo ángulo en la discusión sobre la independencia del Poder Judicial: mientras el Gobierno proclama una cruzada contra supuestas mafias y privilegios, el método aplicado para excluir a una candidata plantea dudas sobre si la selección de jueces se hará con criterios técnicos o con motivaciones políticas y represivas hacia la prensa. Organizaciones que defienden la libertad de expresión interpretaron la medida como un efecto colateral —o intencional— del discurso oficial contra los periodistas críticos.
Juristas consultados por EL PAÍS recordaron que el pliego de Michelli "cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados resultando aprobado", lo que agrega presión sobre el Senado: decidir si se somete al criterio del Ejecutivo o mantiene el trámite legislativo ya iniciado.
El episodio además complica la hoja de ruta del Gobierno para completar los 80 cargos previstos: si el Ejecutivo opta por vetar otras candidaturas en función de vínculos personales con periodistas o críticos, puede encender un conflicto institucional sostenido que frene los nombramientos y profundice la confrontación con el poder judicial y el periodismo.
En las próximas semanas se espera que el Senado decida cómo proceder con el pliego retirado y que la justicia federal resuelva si existe materia para investigar una posible discriminación. Mientras tanto, la disputa promete endurecer la relación entre Milei y sectores del periodismo que han investigado a su gestión y a sus colaboradores, y obligará a los colegios profesionales y a la oposición a jugar un rol activo en la defensa de los procedimientos de selección judicial.
