El diputado nacional Juan Marino anunció el martes 31 de marzo de 2026 la conformación de la Comisión de Juicio Político y afirmó que presentó dos ampliaciones de pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei, con el acompañamiento de otras y otros siete legisladores; según Marino, los «escándalos de corrupción» y decisiones del Ejecutivo le darán “los números necesarios para avanzar”. La declaración fue difundida por el propio Marino en un video publicado en su cuenta de Instagram y abre una nueva etapa de tensión política entre el oficialismo y la oposición.
Para entender la magnitud del anuncio, es clave distinguir lo que el diputado afirma de lo que está probado. Marino dijo que amplió un pedido por supuestas declaraciones y actos institucionales que, a su juicio, habrían involucrado a la Argentina en “la guerra de Trump contra Irán”, lo que —según él— implicaría una usurpación de facultades que, por Constitución, corresponden al Congreso. Además, el legislador sostuvo que nuevas revelaciones periodísticas y peritajes en la causa conocida como «Libra» justifican ampliar la acusación contra el presidente por presunto “mal desempeño”.
Qué presentó Marino y por qué lo fundamenta
En su mensaje público Marino detalló que presentó dos ampliaciones a expedientes de juicio político ya en curso, junto al aval de siete diputadas y diputados. Según su exposición en la reunión de la comisión, una de esas ampliaciones apunta a declaraciones públicas y actos del Poder Ejecutivo que, a su juicio, comprometen al Estado argentino en un conflicto internacional sin pasar por el Congreso. En la misma intervención planteó que las recientes publicaciones sobre la causa Libra y un peritaje judicial contienen comunicaciones, borradores y un presunto acuerdo para transferir cinco millones de dólares por un tuit, material que él considera suficiente para reforzar la acusación.
“El desgobierno de Milei y sus crecientes escándalos de corrupción (Adorni, $LIBRA, 3%, etc.) nos darán los números necesarios para avanzar.” — Juan Marino, en video publicado en Instagram (31/03/2026).
La inclusión de esa cita textual busca dejar constancia de cómo Marino resume su estrategia: vincular los conflictos judiciales y mediáticos alrededor del Presidente con la posibilidad concreta de sumar apoyos parlamentarios para tramitar el juicio político.
El caso Libra, Adorni y el reclamo por la ley de discapacidad
Foto: instagram.com
Marino vinculó la ampliación del pedido al caso Libra, refiriéndose a lo que describió como revelaciones basadas en peritajes que, según él, muestran conversaciones y borradores contractuales relacionados con el token promocionado por Milei. El diputado mencionó expresamente la existencia de un presunto acuerdo por cinco millones de dólares, aunque en su intervención especificó que esos elementos provienen de peritajes y publicaciones periodísticas y no presentó ante la comisión pruebas independientes en su discurso.
En paralelo, Marino contó que, junto al diputado Pablo Todero, presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el funcionario Mario Lugones por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por no acatar fallos judiciales que —según el argumento de los peticionantes— obligan al Gobierno a cumplir con esa norma. Ese planteo introduce un reclamo por derechos y obligaciones estatales que suma una causa administrativa-jurídica al paquete de acusaciones políticas.
Escenarios políticos y próximos pasos que propone el bloque opositor
Durante su intervención Marino instó a que la comisión empiece a sesionar la semana entrante y advirtió que, de haber intentos de boicotear el funcionamiento del órgano, impulsarán un emplazamiento en el recinto con mayoría simple para forzar el tratamiento. El diputado fue explícito al decir que, aunque hoy no tengan “el número en el recinto”, confía en que los escándalos citados (Adorni, Libra, y lo que él denominó “3%”) harán que más legisladores se sumen al pedido.
Hasta ahora la información disponible proviene de la propia comunicación del diputado en su video y del texto que compartió; no hay en ese material pruebas públicas nuevas que acrediten los hechos que él menciona. Aun así, su planteo opera como una estrategia política para presionar y visibilizar causas judiciales y administrativas contra la gestión presidencial.
El avance formal de los expedientes dependerá de los tiempos de la comisión y de la composición del cuerpo: si la comisión acepta tratar las ampliaciones, se abrirá un proceso interno con audiencias y pruebas; si se bloquea, Marino anunció que acudirán al recinto para intentar acelerar la discusión. En cualquier caso, la movida deja a la vista un clima legislativo crispado y apunta a politizar causas judiciales y de gestión pública en un contexto de alta polarización.
Lo que sigue es procesal y político: la Comisión de Juicio Político deberá definir calendario, convocar a los responsables y evaluar pruebas; si los dictámenes resultan adversos a Milei, el paso siguiente sería la acusación en el Congreso. Mientras tanto, la versión pública del anuncio quedó registrada en el video y en las presentaciones formales que Marino dijo haber ingresado, y será sobre esas piezas que se basará la discusión pública y parlamentaria en las próximas semanas.
