Lede fuerte: A casi dos años y medio de la gestión de Javier Milei, el relato contra “la casta política” y la promesa de instaurar la “moral como política de Estado” se encuentran con una secuencia de denuncias que salpican a miembros clave de su administración y erosionan la credibilidad oficial. Las denuncias judiciales, la salida de funcionarios y los sondeos que muestran un fuerte incremento de la desaprobación colocan al Gobierno ante una prueba de coherencia política que ya impacta en la percepción ciudadana.
Contexto: Milei llegó a la Casa Rosada con un discurso de choque: ajuste económico, desregulación y un fuerte sistema de relatos que ubicaba a la clase política tradicional como la principal responsable de los males del país. Ese eje discursivo fue central durante la campaña y en los primeros meses de gestión. Sin embargo, el accionar de su propio equipo y los casos que están siendo investigados empiezan a producir una disonancia entre lo prometido y lo observado en la gestión pública.
Escándalos que ponen a prueba la "moral" oficial
En las últimas semanas los focos de conflicto se concentraron en figuras del Ejecutivo. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, es objeto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de propiedades y un nivel de gastos que, según la acusación, no se condice con sus ingresos. En paralelo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue despedido tras difundirse que posee propiedades y sociedades en Estados Unidos no declaradas. Además, la Fiscalía solicitó indagar a Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación (ARCA), por una omisión similar.
Foto: elpais.com
El manejo de estos casos por parte de la Presidencia también llamó la atención: mientras Frugoni fue removido, Adorni fue ratificado en su cargo por el propio presidente, una decisión que generó reparos en sectores críticos y amplificó cuestionamientos sobre criterios de transparencia en el Ejecutivo.
“El Gobierno está ante la posibilidad de que se generalice una conexión muy peligrosa”, sostiene el politólogo Facundo Cruz. “El riesgo es que el grueso de la ciudadanía sienta que hizo un gran sacrificio estos dos años, que ajustó su economía familiar sin conseguir por ahora mejoras directas, mientras los que supuestamente venían a cambiar las prácticas de la política se enriquecieron, empezaron a adquirir propiedades y tienen dinero no declarado”, describe. — Facundo Cruz, politólogo
La tormenta en la opinión pública
Los números respaldan la idea de que la percepción pública cambió con fuerza. La consultora Atlas Intel, que en 2023 anticipó el triunfo de Milei, registró una caída de más de 10 puntos en la aprobación del presidente desde fines de 2025. Según el sondeo citado por El País, la desaprobación del desempeño presidencial alcanza el 63% mientras la aprobación cae al 35,5%, la más baja del mandato. Cuando se les preguntó a los consultados cuál es el problema más importante para Argentina, el 50,3% eligió la corrupción; le siguen el desempleo (38,5%) y la inflación (35,9%).
Ese combo de inquietud económica y foco en la corrupción explica por qué el relato anticasta perdió poder de movilización: para una parte significativa de la población, el ajuste exigido no se tradujo en resultados tangibles y, encima, el Gobierno quedó expuesto a las mismas prácticas que prometía erradicar.
Foto: elpais.com
Próximos pasos: justicia, política y reputación
Lo inmediato está en manos del poder judicial y de la propia dinámica interna del oficialismo. Las indagatorias y las causas que se iniciaron pueden derivar en imputaciones formales, mientras la administración intenta contener el daño político con recusos comunicacionales y cambios de gabinete puntuales. La decisión de ratificar a Adorni, en lugar de apartarlo mientras avanzan las pesquisas, añadió tensión y alimentó críticas desde la oposición y grupos de la sociedad civil.
A mediano plazo, la evolución de estas investigaciones y la respuesta del Gobierno definirán si la narrativa de “moral como política de Estado” se sostiene como marca identitaria o queda reducida a una consigna retórica. Si la percepción ciudadana continúa virando hacia la idea de que los sacrificios fueron asimétricos, el costo político podría traducirse en mayor desgaste legislativo y menor margen para aprobar medidas clave.
Cierre: En las próximas semanas habrá que mirar tres cosas: las decisiones judiciales sobre las causas en curso, la posibilidad de nuevas renuncias o removaciones dentro del gabinete y el comportamiento de la opinión pública en nuevos sondeos. Esos tres ejes van a determinar si el Gobierno consigue recomponer su relato o si, por el contrario, la etiqueta de “casta” terminará por pegarle al propio oficialismo y redibujará el mapa de fuerzas hacia las próximas contiendas políticas.
