Javier Milei llegó al poder con una promesa central: derrotar “la casta” y convertir la moral en política de Estado. Pero, a casi dos años y medio de gestión, ese eje retórico se enfrenta a una sucesión de investigaciones y despidos por bienes no declarados y presunto enriquecimiento en su administración, un fenómeno que ya golpea su imagen pública y pone en tela de juicio la coherencia entre discurso y práctica, según relata El País y muestran recientes sondeos.
El contexto de esta contradicción no es menor: la campaña presidencial y el primer año de Gobierno de Milei se apoyaron en la idea de limpieza ética del Estado y una agenda de ajuste y desregulación. Esas banderas legitimaron su llegada a la Casa Rosada, pero el entramado de denuncias que emergió en las últimas semanas —con funcionarios investigados y funcionarios despedidos por no declarar propiedades en el extranjero— devuelve al debate público la vieja pregunta sobre controles, vetting y responsabilidad política.
Los números de opinión pública reflejan el impacto. La consultora Atlas Intel, que en 2023 pronosticó la victoria de Milei, relevó entre el 24 y el 28 de abril a 4.844 adultos en todo el país y registró una caída sostenida de la aprobación presidencial: la desaprobación llega al 63% y la aprobación se ubica en 35,5%, la peor evaluación del mandatario desde que asumió. En ese mismo sondeo, el 50,3% de los encuestados identificó a la corrupción como el principal problema del país, por delante del desempleo (38,5%) y la inflación (35,9%).
Caso Adorni y los despidos por propiedades en el exterior
El escándalo más notable tiene como protagonista a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien está siendo investigado por la Justicia por un presunto enriquecimiento ilícito ligado a la adquisición de propiedades y un nivel de gastos que, según las denuncias, no se condice con sus ingresos. Aunque el presidente Milei lo ratificó en su cargo, el episodio abrió un debate interno y externo sobre la coherencia entre la retórica anticorrupción del Ejecutivo y la conducta de sus funcionarios.
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En paralelo, el Gobierno apartó a Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, tras difundirse que poseía propiedades y sociedades en Estados Unidos sin declararlas. Otros casos de omisiones en declaraciones patrimoniales y solicitudes de indagatoria por parte de la Fiscalía completan un cuadro que, por ahora, es de investigaciones abiertas y medidas administrativas, no de condenas finales.
“El Gobierno está ante la posibilidad de que se generalice una conexión muy peligrosa. El riesgo es que el grueso de la ciudadanía sienta que hizo un gran sacrificio estos dos años... mientras los que supuestamente venían a cambiar las prácticas de la política se enriquecieron, empezaron a adquirir propiedades y tienen dinero no declarado”
—Facundo Cruz, politólogo, en diálogo con El País
Efectos políticos: erosión de legitimidad y riesgo electoral
Según analistas citados por El País, la combinación de un ajuste económico persistente —alta inflación y pérdida de poder adquisitivo— junto con la percepción crecientemente negativa sobre la corrupción configura un terreno difícil para el oficialismo. La caída de más de diez puntos en la aprobación desde fines de 2025, según Atlas Intel, sugiere que el desgaste no es solamente de imagen sino que puede traducirse en pérdida de respaldo político y mayor fragilidad para implementar medidas pendientes.
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La narrativa de que los sacrificios económicos deben acompañarse de un cambio ético en la política pierde fuerza si buena parte de la sociedad interpreta que la limpieza prometida no se aplica a quienes gobiernan. Esa percepción, advierten fuentes consultadas por El País, puede endurecer la reacción ciudadana y redistribuir apoyos en próximas mediciones electorales.
Falencias institucionales y desafíos de control
Más allá de las encuestas, lo que sobresale es la pregunta por la calidad de los mecanismos de control interno: declaraciones patrimoniales, fiscalización y procesos de designación que no evitaron que funcionarios con supuestas incompatibilidades ocupen cargos clave. Las investigaciones judiciales y las decisiones administrativas han comenzado a correr, pero todavía falta que el sistema democrático y judicial complete los procesos para esclarecer responsabilidades.
El Ejecutivo, que llegó con una consigna de “moralizar” la política, enfrenta ahora la obligación práctica de demostrar cómo aplicará esa moralidad cuando los casos afectan a su propio aparato. La respuesta oficial en las próximas semanas —renuncias, remociones, colaboración con la Justicia o defensas públicas— marcará si la crisis se contiene o se profundiza.
Cierre: en los próximos meses las investigaciones judiciales y los sondeos definirán si la crisis de credibilidad se traduce en consecuencias políticas concretas. Para el Gobierno, la prioridad será reconstruir controles internos y presentar resultados creíbles; para la oposición y una opinión pública preocupada por la corrupción, la demanda será transparencia y sanciones efectivas. El resultado condicionará la capacidad de Milei para seguir impulsando su agenda económica y, sobre todo, la narrativa que lo llevó al poder.
