El Gobierno puso en marcha esta semana un operativo político para desactivar la ofensiva que sectores de la oposición y de sus propios aliados impulsan contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según fuentes oficiales citadas por TN, los principales negociadores del oficialismo —Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich— comenzaron a hablar con referentes parlamentarios que habían expresado críticas públicas al funcionario, en un intento por evitar que prospere una interpelación y una posible moción de censura en el recinto.
El caso estalló luego de que Adorni reconociera omisiones en sus declaraciones juradas por alrededor de US$500.000, explicadas en su entorno como ahorros no declarados, una herencia y operaciones en bitcoin. Esa admisión abrió grietas visibles dentro de los bloques aliados: algunos dirigentes reprocharon la falta de ejemplaridad y reclamaron definiciones claras sobre la continuidad del jefe de Gabinete. La tensión política llega con un telón de fondo clave: la oposición impulsó la convocatoria para tratar la situación en sesiones que, según TN, incluyen una citación prevista para el 23 de junio en Diputados.
Quiénes negocian y cuál es su objetivo
Los enviados oficiales para la gestión de la crisis son figuras con peso en la coalición: Martín Menem, ligado al aparato político; Diego Santilli, referente territorial y con relación directa a bloques legislativos; y Patricia Bullrich, con llegada a sectores duros del PRO. El rol que se les asignó es claro: suavizar la presión pública de los aliados críticos y conseguir compromisos a puertas cerradas que impidan cambios de postura súbitos en la Cámara baja y en el Senado.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por TN admiten dudas y señalan que, aunque desde el Ejecutivo minimizan la posibilidad de que prospere la ofensiva, la dinámica legislativa puede modificarse hasta último momento. En el núcleo oficial sostienen que la oposición necesitaría reunir mayorías significativas para avanzar con una moción efectiva, dato que condiciona los cálculos tácticos que hoy dominan las reuniones políticas en Balcarce 50.
Foto: tn.com.ar
Los números y el cálculo parlamentario
En el análisis oficial pesan cifras y procedimientos: desde la Casa Rosada recuerdan la magnitud del voto que debería reunir la oposición para que una iniciativa tenga éxito en ambas cámaras. Ese escenario explica por qué, en privado, varios ministros y legisladores del oficialismo consideran que hoy la amenaza no constituye un riesgo inminente, aunque no descartan sorpresas.
La existencia de una convocatoria para el 23 de junio en Diputados marcó el cronograma político: esa fecha sirve a opositores y aliados críticos como límite para forzar definiciones públicas y presión mediática. Para el Gobierno, lograr que al menos algunos de los diputados que criticaron a Adorni mantengan su posición frente a la interpelación es la prioridad estratégica para neutralizar un operativo que podría complicar la gestión cotidiana del Gabinete.
Reacciones internas y externas a la ofensiva
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Los reproches llegaron desde sectores formales del PRO y la UCR, que calificaron la conducta del jefe de Gabinete como una falla ética que complica la imagen pública del Ejecutivo. A pesar de la dureza verbal, ambos espacios evitaron por ahora confirmar si acompañarán una interpelación o una eventual moción de censura, y algunos voceros pidieron esperar una definición del propio Gobierno antes de inclinarse.
Desde el oficialismo se repite un mensaje de calma. "No va a prosperar", respondieron cerca del ministro coordinador, en la postura oficial citada por TN, como fórmula para bajar la temperatura política mientras se desarrollan las tratativas con los socios parlamentarios.
"No va a prosperar" — Casa Rosada, según TN.
En paralelo, el respaldo público de Javier Milei y su entorno a Adorni contribuye a fragmentar la oposición y ofrece un sostén adicional al funcionario cuestionado, aunque en la Casa Rosada prefieren no confiarse y multiplican gestos negociadores para blindarlo.
En los próximos días se espera que continúen las conversaciones entre los enviados del Ejecutivo y los distintos bloques. La cuenta regresiva hasta la sesión del 23 de junio alimenta la presión para que el Gobierno logre al menos neutralizar la posibilidad de cambios de último momento en la voluntad de los diputados. Si fracasan las negociaciones, la disputa podría trasladarse al recinto y obligar al oficialismo a confrontar públicamente una crisis interna que hoy intenta contener en privado.