El Gobierno nacional decidió que el Congreso será el escenario donde intentará recuperar el protagonismo político en la segunda mitad de 2026: la Casa Rosada prepara el envío de proyectos con eje en reformas económicas y cambios políticos, tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y con una estrategia comunicacional renovada que pretende mostrar una "vuelta de página". Esto importa porque el oficialismo busca condicionar la agenda pública y dar señales de gestión después de cuatro meses de conflicto político y judicial.
El trasfondo es la investigación que rodeó a Adorni y el desgaste que el episodio provocó en la comunicación gubernamental. Según fuentes oficiales, el Gobierno considera que ese capítulo limitó su capacidad para fijar temas en la opinión pública y reclama ahora una reasignación de prioridades hacia el Parlamento. En ese marco, los nuevos nombramientos en Comunicación y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete son presentados como el primer gesto público de reactivación.
La "vuelta de página" en Balcarce 50
Desde el oficialismo destacan que la gestión busca cortar con el drenaje informativo que, según ellos, generaron las filtraciones y las causas judiciales vinculadas a Adorni. En ese diagnóstico confluyen decisiones concretas: Adrián Ravier como vocero y Fabián Fernández al frente de Comunicación, además del reemplazo de la Jefatura de Gabinete por Santilli. En palabras reproducidas por voceros del Ejecutivo:
Foto: lanacion.com.ar
"El gran debate publico del Gobierno se va a dar en el Parlamento" —fuentes del oficialismo.
Ese enunciado resume la estrategia: aprobar por la vía legislativa medidas que permitan al Ejecutivo presentarse como gestor de reformas profundas y, al mismo tiempo, disputar la narrativa contra la oposición. Según allegados al poder, la intención es mostrar una gestión capaz de impulsar reformas económicas sustanciales y a la vez contener los efectos políticos del escándalo que tuvo por protagonista a Adorni.
Proyectos económicos clave y calendario de debate
En lo sustantivo, la Casa Rosada pone en el centro la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que fue eje de la última reunión de gabinete, y otras iniciativas económicas como una posible ley de "shut down" al estilo estadounidense y la discusión sobre la ley de Inocencia Fiscal con cambios solicitados tras consultas con colegios de contadores. Fuentes oficiales señalan además que el texto final de la reforma del BCRA estaría listo en las próximas semanas y que se evalúa incluso una cadena presidencial para explicar sus alcances.
A la lista se suman la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el proyecto conocido como Súper RIGI, que ya fue girado al Senado. El Gobierno estima que estas iniciativas, si se discuten y votan con ritmo parlamentario, marcarán la agenda de las próximas cuatro semanas y permitirán reposicionar el foco público en las reformas económicas que considera prioritarias.
Foto: lanacion.com.ar
Comunicación, gobernadores y la disputa por apoyos
En el mapa político interno, la Casa Rosada no subestima la necesidad del respaldo territorial: la relación con los gobernadores será central, sobre todo a la hora de intentar eliminar las PASO en 2027, una reforma electoral que avanza en paralelo a los temas económicos. Desde el Ejecutivo calculan que el apoyo provincial en materia económica puede ser tan o más relevante que el respaldo en lo estrictamente político.
Para consolidar esa alianza, Santilli y el equipo de comunicación buscarán armonizar el discurso técnico —con la voz del ministro de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, y de Ravier hacia los mercados— y la narrativa política que impulse Karina Milei en la bancada libertaria. El objetivo declarado es que el debate parlamentario funcione como instrumento de control político y de reconstrucción de agenda.
En el corto plazo, lo que sigue es una semana intensa de definiciones: afinamiento de textos legislativos, rondas con legisladores y la puesta a punto del calendario comunicacional para presentar las reformas. El desafío del Gobierno es doble: convertir la actividad parlamentaria en un activo político y, a la vez, blindar la gestión frente al desgaste que dejaron las investigaciones sobre Adorni. Si el Poder Ejecutivo consigue que el Congreso avale y visibilice sus proyectos, habrá logrado recuperar, al menos en apariencia, el control del relato público.
