El oficialismo logró este miércoles dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para el proyecto conocido como "super-RIGI" y para la ratificación del acuerdo con los bonistas por el default de 2001; ambos temas quedaron en condiciones de llegar al recinto el miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsa La Libertad Avanza, en un contexto político tensionado por la crisis que desató el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El avance legislativo se impuso en un clima legislativo tenso: el dictamen de mayoría reunió 61 firmas y contó con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID, en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidido por el libertario Bertie Benegas Lynch. La convocatoria para llevar los proyectos al recinto será solicitada por el bloque oficialista con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni.
Qué propone el super-RIGI y qué condiciones plantea
La iniciativa crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias —bautizado por el oficialismo como super-RIGI— con la meta declarada de atraer inversiones de gran escala, generar previsibilidad y desarrollar actividades tecnológicas o productivas que hoy no existen o están en fase experimental en el país. El proyecto fija un piso mínimo de inversión: US$1.000 millones para acceder al régimen y prevé que los beneficios nacionales dependan de la adhesión integral de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
Como parte del paquete, el diputado Eduardo Falcone introdujo un agregado para favorecer a proveedores locales: al menos el 20% de los pagos a proveedores deberá destinarse a empresas nacionales, y se incluyeron incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. Para el oficialismo, estos mecanismos son centrales para fomentar exportaciones y empleo a gran escala.
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Quiénes apoyan y qué fuerzas firmaron el dictamen mayoritario
El dictamen mayoritario no fue solo del interbloque oficial: sumaron su firma representantes de bloques provinciales vinculados a gobernadores de Salta y Misiones (Innovación Federal), Independencia (afín a Osvaldo Jaldo), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo de San Juan, entre otros. El bloque oficialista confía en que esa alianza territorial sea suficiente para aprobar las iniciativas en la sesión especial proyectada para la próxima semana.
Sin embargo, la operatoria parlamentaria podría verse demorada por el escenario político abierto por la situación de Adorni, que ya provocó cuestionamientos dentro del espacio y presiones desde fuerzas aliadas sobre la continuidad del jefe de Gabinete.
Críticas formales y objeciones sobre delegación de facultades
La oposición expresó reparos conceptuales y políticos: la bancada de Unión por la Patria, con Germán Martínez a la cabeza, rechazó la iniciativa por entender que implica "una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo". La resistencia también se manifestó desde Provincias Unidas, radicales críticos y socialistas que suscribieron dictámenes de minoría por entender que la ley concentra beneficios desproporcionados en sectores elegidos por el Estado.
"Una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo" —Germán Martínez, diputado de Unión por la Patria
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El Frente de Izquierda, mediante Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, también optó por rechazar la norma. Entre las críticas se repite el argumento de que la Ley Bases y el RIGI podrían dar ventajas impositivas, cambiarias y judiciales a proyectos con garantías de estabilidad por décadas, algo que los críticos ven como una transferencia significativa de poder y privilegios.
Ratificación del acuerdo por el default 2001 y pasos siguientes
En paralelo, el plenario dictaminó a favor de la ratificación del acuerdo con los bonistas que no habían ingresado al canje de 2001. La iniciativa para ese acuerdo acompañó el paquete y fue puesta en la misma hoja de ruta para ser tratada en la sesión especial solicitada para el miércoles 24 de junio.
El cierre del proceso ahora depende de la decisión política sobre si efectivamente se realizará la sesión prevista y de la capacidad del oficialismo para consolidar los apoyos provinciales y de bloques aliadas. En el corto plazo, la semana que viene será decisiva: si los proyectos llegan al recinto y se votan, comenzará una nueva etapa de discusión pública y judicial sobre alcance y consecuencias; si la crisis por Adorni escala, la Casa Rosada podría postergar la ofensiva legislativa para evitar costos políticos inmediatos.
Lo que queda claro es que el Gobierno apuesta a cerrar las herramientas normativas para atraer inversiones de gran magnitud y consolidar el acuerdo de deuda, pero deberá negociar no sólo apoyos legislativos sino también las resistencias que advierten una ampliación del poder ejecutivo sobre decisiones económicas estratégicas.
