El Gobierno acordó este martes en Casa Rosada enviar al Congreso en agosto un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que cambia la arquitectura institucional de la política monetaria y fiscal. La decisión fue tomada durante la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei y con la exposición del ministro de Economía Luis Caputo; importa porque intenta constitucionalizar restricciones al financiamiento del Estado por parte del Central y porque promete abrir una discusión parlamentaria con alto impacto en la economía.
La convocatoria reunió a referentes clave del oficialismo y de La Libertad Avanza: además de Karina Milei y Caputo estuvieron Diego Santilli, Santiago Caputo, Patricia Bullrich como jefa del bloque de senadores de la coalición, el titular de Diputados Martín Menem, Eduardo Menem, Ignacio Devitt y el secretario de Prensa Fabián Fernández. El proyecto viene siendo adelantado por el Presidente y sus interlocutores en reuniones previas con legisladores, y surgió como respuesta a la prioridad del Ejecutivo de acotar el rol del Banco Central.
Qué cambios plantea la iniciativa y su alcance concreto
Según fuentes oficiales, la reforma propone que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Entre las medidas principales figura la prohibición de crear Letras Intransferibles del Tesoro y de que la entidad financie al fisco, además de endurecer sanciones para futuros funcionarios que intenten emitir moneda para cubrir déficit. El documento en elaboración también busca reforzar la gobernanza del organismo para garantizar la estabilidad de sus autoridades.
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El alcance técnico y jurídico de esos cambios dependerá del texto final que termine en el Congreso: por ahora el Gobierno trabaja en la redacción y en la incorporación de cláusulas que, dicen en Balcarce 50, puedan blindar a la institución frente a presiones fiscales. Otra pata del proyecto en estudio es incluir mecanismos para asegurar la autonomía del INDEC, que el Ejecutivo evalúa anexar a la reforma del BCRA para dar mayor credibilidad a las estadísticas públicas.
Avances internos, calendario y actores que empujan la iniciativa
Durante la reunión, Luis Caputo expuso los avances en la elaboración del proyecto y dejó la hoja de ruta política: ingreso al Congreso en agosto y campaña de explicación interna a los legisladores. La mesa política ya había definido, además, otros envíos legislativos inmediatos: este jueves se buscará aprobar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y se tratarán pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.
"Es una idea que el Presidente celebró y por eso se va a estar trabajando en los próximos días, seguramente, para darle sustancia. Es para ver de qué manera garantizamos que los datos del INDEC mantengan solidez y credibilidad", sostuvo Adrián Ravier, vocero presidencial, sobre la inclusión de medidas vinculadas al organismo estadístico.
La dinámica política marca aciertos de calendario: mientras se arma el texto técnico, el Ejecutivo intentará que la bancada oficialista y sus aliados internalicen el diagnóstico de que restringir el financiamiento del Estado por parte del BCRA es una condición para reducir incentivos a la monetización del déficit. Queda por verse qué margen real tendrá el Gobierno para negociar cambios con bloques que históricamente defendieron un rol más activo del Central.
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Riesgos políticos y económicos en la discusión parlamentaria
La propuesta abre al menos dos frentes: técnico, por las consecuencias operativas de recortar facultades del Banco Central; y político, por la resistencia que pueden mostrar sectores que ven en esas herramientas una salida en situaciones de crisis. Limitar la asistencia al Tesoro implica condicionar la capacidad del Estado para financiarse en escenarios adversos, lo que obliga a pensar simultáneamente en medidas complementarias de orden fiscal.
En lo inmediato, la discusión legislativa será un termómetro de la fortaleza del oficialismo y de la disposición del Congreso a acompañar cambios que tocan la política económica básica. La eventual reforma no sólo reconfigura el rol del BCRA: también redefine un marco de responsabilidades para los funcionarios y promete debates jurídicos sobre su compatibilidad con marcos previos.
El próximo paso formal es el ingreso del proyecto en agosto y la presentación pública del texto, tras lo cual el debate parlamentario tomará forma. En la Casa Rosada calculan que la iniciativa marcará la agenda económica de los próximos meses y servirá como prueba de fuego para el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso. Habrá que observar el texto final, la posición de las bancadas claves y la reacción de los mercados ante el cambio de reglas que propone el poder político.
