Lunes 11 de junio — Diputados de distintos bloques opositores presentaron un pedido de sesión para el martes 23 de junio a las 14 para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y promover una moción de censura luego de que el funcionario admitiera haber ocultado medio millón de dólares en su declaración patrimonial, una confesión que reavivó la presión política y abrió nuevas aristas judiciales.
El pedido formal reúne firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, junto a las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano. El objetivo expuesto por los firmantes es debatir pedidos de informes, exigir explicaciones públicas y, eventualmente, avanzar hacia la remoción del funcionario por censura si la Cámara así lo decide.
Qué motivó la convocatoria y quiénes se sumaron
La convocatoria responde directamente a la difusión de la declaración patrimonial de Adorni y a la entrevista televisiva en la que, según ese documento y sus propias palabras, reconoció haber "ahorrado en negro" y ocultado USD 500.000 al fisco. En su descargo, Adorni explicó que parte de ese dinero proviene de una inversión privada de USD 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018, que le habría generado una ganancia de USD 300.000.
Entre los firmantes de la sesión aparecen nombres de peso en la oposición: el bloque de Unión por la Patria liderado por Germán Martínez, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas. En contraposición, fuerzas como PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, MID y la legisladora Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) optaron por no respaldar la iniciativa, según la presentación.
El reclamo público y las frases que encendieron el debate
La dureza del reclamo quedó sintetizada en un mensaje difundido por el bloque de Unión por la Patria en la red social X, que acusó con crudeza al jefe de Gabinete.
"ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional". — Unión por la Patria (X)
Foto: noticiasargentinas.com
Además, referentes como Esteban Paulón (Provincias Unidas) plantearon que "no hay más excusas posibles" para la presencia y explicación de Adorni ante el Congreso, mientras que Pablo Juliano definió al 23 de junio como "el día de la revelación" para poner a prueba la coherencia republicana de cada bancada, según el comunicado de prensa que acompaña la solicitud.
Dimensión judicial y contradicciones públicas
El conflicto no es sólo político: la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y tras la autoincriminación pública la Justicia evalúa ampliar las imputaciones, incluida la posibilidad de investigar omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, según fuentes judiciales citadas en la nota original.
La propia versión de Adorni sobre el origen de los fondos —una inversión en criptomonedas hecha años atrás— quedó en tensión con reportajes anteriores en los que el funcionario desaconsejaba el uso de criptoactivos por su volatilidad, un punto que sus críticos presentan como contradicción entre su discurso público y su conducta privada.
Cargos y sospechas públicas acumulan además otra serie de hechos que figuran en la denuncia: compras de propiedades, refacciones millonarias, viajes en aeronaves oficiales y vuelos privados con su familia. Algunas de esas maniobras son motivo de cruce político interno incluso dentro de sectores afines al Gobierno; por ejemplo, la dirigente Patricia Bullrich expresó que se trata de una "omisión ética grave", marcando distancia.
Cierre: próximos pasos y posibles efectos
Con la sesión pedida para el 23 de junio, la Cámara baja tendrá la oportunidad de interpelar formalmente a Adorni y votar una moción de censura si así lo deciden las mayorías que se constituyan ese día. El jefe de Gabinete, por su parte, anunció que irá al Senado en julio, pero la fecha no alivió las críticas: algunos aliados reclamaron explicaciones este mismo mes. En paralelo, la causa judicial podría profundizarse si el juez o la fiscalía amplían las imputaciones, lo que sumaría peso político a la expectativa sobre el desenlace.
Qué suceda en las próximas semanas —si Adorni se presenta ante Diputados el 23, si resisten aliados clave del oficialismo o si la Justicia incorpora nuevos cargos— definirá si el episodio se queda en un cimbronazo público o deriva en una crisis institucional con consecuencias para la gobernabilidad del Ejecutivo.
