El jefe de Gabinete Manuel Adorni, mano derecha del presidente Javier Milei, fue vinculado por un testigo a un pago en efectivo de 245.000 dólares por reformas en una vivienda que, según la misma declaración, no figuraba en sus declaraciones juradas; la revelación fue publicada por EFE el 5 de mayo de 2026 y agrega presión a una investigación penal sobre posible enriquecimiento ilícito.
La denuncia parte del relato del contratista Matías Tabar, quien dijo ante la Fiscalía haber recibido esa suma en efectivo por trabajos en una propiedad de unos 400 metros cuadrados que incluyeron, entre otras obras, la construcción de una piscina con cascada. El hecho adquiere relevancia pública porque plantea dudas sobre el origen y la trazabilidad de recursos en la casa que no había sido incorporada al patrimonio declarado por Adorni hasta abril pasado.
El trasfondo del caso remite a una pesquisa más amplia que abarca compras de inmuebles y viajes al exterior que, según los denunciantes y testigos, no se condicen con los ingresos oficiales del funcionario. La fiscalía a cargo, según la nota de EFE, es la que dirige Gerardo Pollicita, y la investigación ya incorpora testimonios sobre préstamos no bancarios y erogaciones en moneda extranjera que ahora deben ser verificados con documentación y pruebas contables.
Detalles de la operación inmobiliaria y pagos en efectivo
Según la información difundida, la casa fue adquirida en 2024 por aproximadamente 120.000 dólares mediante un préstamo no bancario otorgado por dos mujeres policías. Tras la compra, el contratista relata que cobró 245.000 dólares en efectivo por las reformas. La vivienda, en un barrio exclusivo de las afueras de Buenos Aires, no constó en las declaraciones juradas de Adorni hasta mediados de abril de 2026, después de que el caso comenzara a tomar notoriedad pública.
Foto: efe.com
Ese combo—compra con préstamo no bancario, pagos en efectivo y posterior incorporación tardía del bien a la declaración patrimonial—es lo que motivó que la fiscalía siguiera la pista y convocara a declaraciones. Hasta ahora, la denuncia formal se apoya principalmente en ese testimonio, no en documentación pública que confirme automáticamente el circuito de los fondos.
Viajes y otras adquisiciones que amplían la pesquisa
La investigación no se limita a la casa. EFE consigna que la fiscalía también apunta a la compra de un departamento en Caballito y a dos viajes familiares: uno en febrero en un avión privado hacia Uruguay y otro de casi 15 días a Aruba, donde Adorni viajó en primera clase y se alojó en un hotel de lujo. Testigos consultados por la causa dijeron que en poco más de un año Adorni gastó casi 100.000 dólares, un monto que contrasta con los 42.500 dólares consignados como ahorros en su última declaración jurada.
La investigación, por tanto, busca comprender si las adquisiciones y gastos pudieron financiarse con préstamos y operaciones entre particulares o si existe una desproporción respecto de lo declarado que configure un delito patrimonial.
"No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia".
— Manuel Adorni, en la sesión de la Cámara de Diputados (29 de abril de 2026).
Foto: efe.com
Adorni sostuvo esa defensa pública en una sesión de Diputados donde recibió el respaldo del presidente Milei; luego, según EFE, evitó responder preguntas sobre sus bienes en una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo.
Qué falta acreditar y por qué importa la trazabilidad
Los elementos que la fiscalía deberá esclarecer son claros: acreditar la procedencia de los 245.000 dólares que dice haber cobrado el contratista, verificar la escritura y el circuito del préstamo inicial de 120.000 dólares, y contrastar los movimientos con las declaraciones juradas del funcionario. El aporte de testigos es un punto de partida, pero la causa necesitará documentación—comprobantes, extractos, contratos privados—para transformar esas declaraciones en evidencia suficiente en sede judicial.
Para el Gobierno, la causa suma un problema político inmediato: la presencia de Adorni como jefe de Gabinete lo coloca en el centro de la órbita pública y obliga a responder no sólo en tribunales sino también en términos de legitimidad política, en un contexto en el que la gestión busca consolidar respaldo en temas clave.
En los próximos días la fiscalía seguirá recabando testimonios y analizando documentación, y podría pedir evidencias bancarias y contratos privados para sostener o desestimar la hipótesis que apunta a irregularidades patrimoniales. El resultado de esa etapa procesal será determinante para saber si el relato del testigo se transforma en una acusación formal con pruebas que la respalden y, en consecuencia, para medir el impacto político en el gabinete de Milei y la percepción pública sobre la transparencia de su administración.
