La Justicia registró esta semana avances en tres expedientes que colocan nuevamente a la Casa Rosada en el centro de la escena: nuevas pruebas en la causa por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, la adhesión del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa a un régimen tributario en medio de una causa por presuntas inconsistencias patrimoniales, y una pulseada judicial que podría frenar peritajes clave en la pesquisa sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esos movimientos, ocurridos en los últimos días, alimentan la presión política contra el Gobierno y ponen sobre la mesa riesgos judiciales y comunicacionales de impacto inmediato.
Para entender la magnitud: en la causa $LIBRA la Dirección General de Cibercrimen incorporó un informe preliminar que, según la nota de archivo, cuestiona la explicación oficial sobre cómo se difundió el contrato para adquirir el token; en el expediente que investiga a Adorni intervenirían el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita y hubo adhesiones al plan de regularización tributaria denominado “Inocencia Fiscal”; y en el caso ANDIS el exdirector Diego Spagnuolo presentó recursos para evitar cotejos periciales de voz que podrían resultar decisivos. Ese paquete de novedades encendió alarmas en distintos sectores del oficialismo y en la oposición.
Adorni y Angeletti se adhieren a “Inocencia Fiscal” en medio de la causa
La adhesión de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, al régimen de regularización conocido como Inocencia Fiscal concentró la atención porque ocurre mientras corre un expediente que analiza presuntas inconsistencias patrimoniales y operaciones inmobiliarias del entorno del jefe de Gabinete. Según los registros citados por la nota, Angeletti formalizó la adhesión el 31 de mayo y Adorni lo hizo esta semana, en paralelo a la finalización de su presentación de declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Ese movimiento tiene doble lectura política: por un lado busca reducir exposición tributaria; por otro, alimenta cuestionamientos de la oposición sobre la transparencia del equipo presidencial. El expediente que encabezan Lijo y Pollicita sigue abierto y contempla el análisis de movimientos económicos vinculados a la consultora privada del entorno de Adorni, por lo que la causa puede derivar en nuevos pedidos de medidas cautelares o peritajes contables.
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ANDIS: la disputa por los audios que podría trabar peritajes clave
En la investigación por maniobras en la Agencia Nacional de Discapacidad, la pulseada se centró en los audios que motivaron la indagación: el exdirector Diego Spagnuolo pidió suspender el peritaje y objetó la validez del procedimiento ordenado por la Justicia. La defensa adujo que aportar muestras de voz para el cotejo pericial vulneraría el derecho a no autoincriminarse y solicitó que se excluyan las grabaciones del expediente por posible edición.
La fiscalía, sin embargo, mantiene que dispone de pruebas independientes y previas a la incorporación pública de esos audios, y por ahora la controversia procesal amenaza con demorar peritajes que podrían aportar prueba técnica sobre la autenticidad de las voces y las supuestas referencias a pagos y derivaciones de fondos. Si la Justicia acepta la suspensión reclamada por la defensa, la causa podría enlentecerse semanas o meses.
$LIBRA: un informe que reabre interrogantes sobre la difusión del token
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El expediente por la promoción de $LIBRA sumó un informe de cibercrimen que para los querellantes abre una línea interpretativa más comprometida para el presidente Javier Milei y operadores vinculados. El estudio técnico detectó que la cryptocurrency fue creada desde una única billetera asociada a Kelsier Ventures, la firma del empresario Hayden Davis, y cuestiona el relato sobre el origen público del contrato.
"El informe preliminar elaborado por la Dirección General de Cibercrimen concluyó que el mensaje publicado por Milei el 14 de febrero de 2025 fue el primer canal público de difusión del contrato necesario para adquirir el token, contradiciendo la explicación presidencial sobre el origen de la información." — Política Argentina
Los querellantes interpretan esa secuencia como indicativa de una operatoria coordinada cuyo impulso público habría pasado por el posteo presidencial, mientras que la fiscalía intentará determinar si hay pruebas que vinculen esa difusión con maniobras que puedan configurar ilícitos. En el expediente también figura la identificación de la billetera originaria, lo que orienta las indagaciones hacia relaciones entre el lanzamiento del activo digital y la firma de Davis.
La suma de estas tres líneas de investigación genera un cóctel de riesgo jurídico y político: las causas avanzan por carriles distintos —peritajes técnicos, investigaciones patrimoniales y análisis criminal tecnológico— pero confluyen en el efecto práctico de aumentar la exposición pública del Gobierno y desencadenar potenciales exigencias de informes y citaciones judiciales.
En los próximos días se esperan definiciones procesales: resoluciones sobre la petición de suspensión del peritaje en ANDIS, nuevas medidas probatorias en la causa $LIBRA y pasos administrativos vinculados a las adhesiones de Adorni y Angeletti a Inocencia Fiscal, incluida la posible presentación final de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Cada decisión judicial o trámite administrativo tendrá repercusiones políticas inmediatas que pueden profundizar la tensión en la Casa Rosada y en la agenda pública.
