Un juez federal convocó a indagatoria a 29 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios del rubro médico, en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El llamado a declarar se confirmó tras el pedido formulado por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, y las declaraciones se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo; la causa busca determinar si se produjo un desvío de fondos y un direccionamiento de compras públicas que habría perjudicado el erario público.
El caso se originó en una pesquisa que, según el Ministerio Público Fiscal, reconstruye operaciones que habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en un periodo en el que ANDIS dependía del Ministerio de Salud. Entre los imputados ya procesados figuran el ex titular del organismo Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el intermediario señalado por la fiscalía, Miguel Ángel Calvete.
Avances en la pesquisa y medidas cautelares
El juzgado federal a cargo de la causa no solo ordenó las indagatorias, sino que además dispuso la inhibición general de bienes de las personas y empresas involucradas. En el fallo, el magistrado advirtió sobre el riesgo de que los activos sean enajenados para evitar la recuperación por parte del Estado, una razón central para la medida cautelar.
La investigación profundizó el análisis del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el mecanismo por el que se administraban las prestaciones denominadas PACBI (productos de alto costo y baja incidencia) y se realizaban adjudicaciones de alto costo. Los fiscales sostienen que el examen de ese sistema permitió identificar irregularidades en las licitaciones y en los circuitos de facturación.
Modus operandi señalado por el fiscalía
Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, la operatoria habría incluido direccionamiento de adjudicaciones, cartelización entre competidores y un circuito de facturas que no se correspondía con operaciones comerciales genuinas. En su presentación, los fiscales describieron un entramado de actores privados y funcionarios que, a su criterio, habría permitido “manipular compras públicas de manera permanente”.
"Los fiscales Picardi y Rodríguez marcaron que la investigación desplegada hasta ahora y que aún sigue en proceso ya permitió identificar que la operatoria ilícita no se limitó al direccionamiento de las adjudicaciones, sino que incluyó un mecanismo específico de distribución de las ganancias obtenidas." — Ministerio Público Fiscal
Foto: fiscales.gob.ar
Los documentos y comunicaciones incorporados a la causa incluyen intercambios entre Garbellini y Calvete, donde, según la fiscalía, se identifican listados de empresas con importes "a cobrar" por determinadas compulsas. Ese tipo de registros son utilizados por los investigadores como indicio de un esquema de retornos y reparto de beneficios entre los participantes.
Segmentos afectados y señales de facturación apócrifa
La fiscalía describió que las anomalías no se limitaron a un único rubro: detectaron irregularidades en segmentos como amputaciones, audífonos, cardiología, implante auditivo, neurocirugía, sillas/andadores y traumatología. En varios de esos segmentos los fiscales hablan de "claro direccionamiento" y de facturaciones con desproporciones que, a su juicio, apuntan a operaciones que habrían servido para canalizar transferencias entre los integrantes del supuesto entramado.
Los fiscales también señalaron la posible existencia de maniobras vinculadas al lavado de activos, vinculadas a movimientos financieros y facturaciones apócrifas entre distintas empresas que habrían participado en las compras públicas.
El llamado a indagatoria suma a 29 personas, y representa una etapa decisiva en la investigación: pasar de medidas de búsqueda de prueba a la confrontación formal de los imputados con las imputaciones que pesan sobre ellos.
Cierre: qué sigue y posible impacto
Las indagatorias que comenzarán a fines de abril y se extenderán hasta fines de mayo definirán el rumbo inmediato del expediente: los fiscales buscarán consolidar la hipótesis de la existencia de una asociación ilícita y de maniobras sistemáticas para defraudar al Estado, mientras que las defensas intentarán desactivar esos cargamentos probatorios.
Si las acciones del Ministerio Público Fiscal prosperan, el expediente podría derivar en nuevos procesamientos y en medidas para restituir fondos al Estado. En lo político y administrativo, la causa ya tensó el foco sobre el funcionamiento de ANDIS y sobre los controles en la contratación de insumos de alto costo; la expectativa ahora está puesta en las pruebas que surjan de las indagatorias y en si la justicia logra trazar una cadena clara de responsabilidades.
