Una investigación periodística y una pesquisa judicial pusieron esta semana en el centro de la escena a una empresa contratista vinculada a ARSAT y a ex funcionarios del área de transporte: al menos dos exfuncionarios fueron imputados por presuntas negociaciones incompatibles y fraude a la Administración Pública, y uno de ellos fue detenido tras el hallazgo de millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y equipos de espionaje. El caso, que incluye acusaciones sobre contratos directos y un robo previo de fibra óptica, compromete a cuadros que actuaron tanto en la gestión de Javier Milei como en administraciones anteriores, y abre un nuevo frente político y judicial.
Para entender la gravedad del expediente alcanza con repasar los elementos básicos del expediente: la causa se originó en una investigación sobre un robo de materiales —fibra óptica y flejes de cobre— detectado en 2024 en un depósito de la firma Argentina Logistic Services (ALS), contratada por ARSAT. Los fiscales sostienen que ALS no reunía las condiciones de seguridad y que, pese a ello, accedió a contratos por cerca de dos millones de dólares mediante procedimientos supuestamente amañados y con pago de sobornos, según consta en escuchas y mensajes incorporados a la acusación.
"Una nueva trama de corrupción sacude al Gobierno de Javier Milei y salpica a anteriores administraciones de Argentina." — EL PAÍS
Origen de la investigación y hallazgos policiales
El punto de partida formal fue el robo de materiales valuados en unos 150.000 dólares, detectado en 2024 en un depósito donde ALS resguardaba insumos de ARSAT. Esa sustracción activó averiguaciones que, con el correr de la investigación, ampliaron el foco hacia las condiciones de contratación y custodia. Según la acusación fiscal, las escuchas judiciales y mensajes entre los implicados muestran maniobras para asegurar la prestación de servicios a favor de ALS mediante una compulsa de precios que no habría sido competitiva.
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Los allanamientos ordenados la semana pasada arrojaron resultados contundentes que complican la situación de los imputados: en dos domicilios vinculados a uno de los exfuncionarios, la policía encontró más de 2,5 millones de dólares en efectivo, alrededor de dos millones de pesos y cantidades de otras divisas, además de dosis de drogas sintéticas y equipos de espionaje. Ese detenido era un alto funcionario imputado en la causa y su situación procesal se complica por la batería de pruebas reunidas por la fiscalía.
Contratos, montos y los presuntos sobornos que explican la trama
La fiscalía reclama indagatorias para una decena de acusados, entre directivos de ARSAT y responsables de ALS, por delitos que incluyen negociaciones incompatibles y fraude a la Administración Pública. En el centro está la hipótesis de que la contratación de la firma se realizó sin una licitación transparente y por montos cercanos a los dos millones de dólares, pese a que la contratista no cumplía requisitos de seguridad básicos para custodiar equipamiento crítico.
Esa mecánica —según la acusación— habría sido sostenida con pagos no documentados y con acuerdos que beneficiaron a responsables públicos y privados. Hasta ahora son imputaciones judiciales; no hay condenas firmes y los responsables procesales tendrán oportunidad de defenderse en las instancias penales correspondientes.
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Responsables políticos, continuidad y tensiones en el Estado
La lupa se posó de manera particular sobre Facundo Leal, quien fue presidente de ARSAT en el período investigado y luego designado por la gestión de Milei al frente del regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Por orden judicial se allanaron propiedades vinculadas a Leal en Buenos Aires y Mendoza, en el marco de la instrucción que busca determinar la extensión de la maniobra y la posible connivencia entre funcionarios y empresas contratistas.
La investigación, tal como la relataron los medios que tuvieron acceso a la causa, impacta en el relato de renovación y transparencia que plantea la administración actual. Fuentes judiciales y fiscales subrayan que la pesquisa sigue su curso: la fiscalía pidió la indagatoria de varios acusados y la instrucción avanzará sobre la base de las pruebas técnicas, contables y las pruebas incorporadas por los allanamientos.
En los próximos días se esperan las citaciones formales a indagatoria, resoluciones judiciales sobre prisiones preventivas y la posible ampliación de la nómina de imputados. Políticamente, la exposición del expediente obligará al Gobierno a dar explicaciones públicas sobre los criterios de mantenimiento y remoción de cuadros en empresas estatales, y a opositores y sectores críticos a definir cómo capitalizan el escándalo.
El impacto concreto será doble: judicialmente, la causa puede derivar en procesos penales largos y en la revisión de contratos; políticamente, alimentará cuestionamientos sobre controles y designaciones en el Estado. Mientras tanto, la instrucción continúa y la sociedad espera que la Justicia y la administración actúen con celeridad para clarificar responsabilidades y evitar que presuntas maniobras de corrupción queden impunes.
