Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, negó este miércoles ante el Congreso las acusaciones de enriquecimiento ilícito y ocultamiento patrimonial que pesan en su contra, en una presentación que reavivó la tensión política y dejó en evidencia la división entre el Ejecutivo y parte del Parlamento. La comparecencia, en la que estuvo presente el propio Presidente en los palcos, buscó desactivar las imputaciones que investiga la justicia, pero no frenó el curso de la causa.
Las denuncias se centran en la compra de propiedades y movimientos de dinero que, según las investigaciones periodísticas y judiciales, no habrían sido declarados. Además se señalaron viajes familiares de alto costo y gastos que, según los reportes, no coincidirían con los ingresos formales del funcionario desde su asunción en diciembre de 2023. La fiscalía y otras instancias del Poder Judicial mantienen actuaciones abiertas para determinar si hubo delitos como enriquecimiento ilícito o malversación.
El caso de Adorni se enmarca en una cadena de polémicas que ha salpicado a varios funcionarios del gobierno de Milei: desde supuestos ocultamientos de bienes en el exterior hasta la salida de cargos por omisiones patrimoniales. Esa sucesión de escándalos, que incluye investigaciones sobre otros altos mandos y cuestionamientos por desvíos de fondos, tensiona la promesa de la gestión de convertir la "moral" en política de Estado.
Presidencia y respaldo público en el recinto
La comparecencia tuvo un hecho inusual: el Presidente Javier Milei asistió y permaneció en el Congreso junto a parte de su gabinete, gesto interpretado por aliados como apoyo explícito a Adorni. Desde la entrada, Milei respondió con dureza a la prensa y defendió a su jefe de Gabinete, en un intercambio que volvió visible la disputa política detrás de la defensa pública del Ejecutivo.
Foto: emol.com
"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia" — Manuel Adorni, durante su exposición ante el Congreso (AFP/Emol).
Tras esa declaración, Adorni recibió muestras de respaldo desde los palcos, y el Gobierno buscó llevar el centro del debate hacia la defensa de sus reformas y la continuidad del plan económico, a pesar de las preguntas sobre su patrimonio.
Interpelación, preguntas y el fondo económico
La sesión parlamentaria no fue un mero informe técnico: se transformó en una interpelación con más de 4.000 preguntas dirigidas a Adorni, una dinámica que obligó al jefe de Gabinete a detallar medidas de gestión y a responder objeciones puntuales de la oposición. Diputados como Myriam Bregman pusieron el acento en las discrepancias entre los ingresos declarados y el estilo de vida reportado en las investigaciones.
Foto: emol.com
En su defensa, Adorni calificó las denuncias como tendenciosas y sostuvo que la política de ajuste fiscal del gobierno es "innegociable", defendiendo los recortes que, según sus números, incluyeron la eliminación de ministerios y la reducción de personal estatal. El funcionario afirmó que las medidas ya ejecutadas implicaron la supresión de organismos y una caída de 65.000 empleados en el Estado, y señaló un ahorro anual que, según él, supera los 2.505 millones de dólares. En su relato, atribuyó parte de la actual inestabilidad económica a lo que calificó como resistencias políticas y empresariales.
Impacto político y pasos judiciales que vienen
Aunque Adorni intentó cerrar la discusión desde su banca política, la causa judicial sigue su curso y no hay por ahora resoluciones definitivas que lo exoneren. La investigación sobre la compra de inmuebles a través de prestamistas y la omisión en declaraciones patrimoniales continúa en sede penal y administrativa, lo que mantiene abierta la posibilidad de citaciones, medidas probatorias y nuevas imputaciones.
Para el gobierno, el desafío inmediato es doble: contener el efecto político de las denuncias en la opinión pública y, al mismo tiempo, sostener la agenda de reestructuración del Estado de cara a circunstancias económicas delicadas. La controversia llega además en un momento en que el Presidente anunció intenciones de competir por la reelección en 2027, lo que podría politizar aún más cualquier avance procesal.
En las próximas semanas se esperan movimientos en la justicia que definirán si las acusaciones se traducen en cargos formales o si la estrategia defensiva del Ejecutivo logra limitar el daño político. Mientras tanto, la pulseada en el Congreso promete mantenerse, con la oposición exigiendo mayor claridad y el oficialismo defendiendo la continuidad de su gestión.
